Afico alerta sobre plataformas fraudulentas

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A la par de la evolución de la industria del fondeo colectivo, o crowdfunding, han surgido empresas que dicen ser parte de este modelo de negocio, pero operan al margen de la ley con el fin de defraudar a las personas. Esto que ha generado que haya denuncias ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para investigar y castigar a quienes resulten responsables por este ilícito.

De acuerdo con Miguel Ángel Mejía Ríos, director de la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo (Afico), ante el crecimiento de esta industria y su proceso de regulación, se ha detectado el surgimiento de empresas fraudulentas que dicen operar bajo este modelo de negocio, con atractivas tasas, pero que al final son un engaño para los usuarios. Desde agosto del 2020, dicha organización ha interpuesto 20 denuncias ante la CNBV contra este tipo de páginas.

El directivo de la Afico explicó que las plataformas de fondeo colectivo que operaban desde antes de la promulgación de la Ley Fintech, en marzo del 2018, tuvieron hasta septiembre del 2019 para solicitar su autorización y continuar operaciones hasta que el regulador diera respuesta a su solicitud. De no haber solicitado su aval en ese plazo, tenían que haber dejado de operar.

Actualmente, la CNBV, y otras autoridades, revisan más de 30 solicitudes de empresas de fondeo colectivo que buscan ser autorizadas; hasta la fecha, sólo se han dado dos autorizaciones para empresas que operan bajo este modelo de negocio, que fueron para Fundary, que operaba desde antes de la promulgación de la ley, y para LikideoMX, empresa de reciente creación y que tiene que cumplir con ciertos requisitos para iniciar operaciones.

Mejía Ríos abundó en que más allá de la competencia desleal que pueden representar las plataformas que no hayan solicitado su autorización, la afectación para las empresas que buscan ser reguladas pueden ser mayores por un daño de reputación que se genere en la industria del fondeo colectivo, además de la afectación al patrimonio de las personas que caigan en el fraude.

Asimismo, Mejía Ríos apuntó que las empresas que operan fuera del marco regulatorio cometen distintos delitos previstos en las leyes financieras, como la captación ilegal de recursos o la oferta pública de valores sin autorización, por lo que pueden ser sancionadas con multas de hasta 20 millones de pesos o penas que van de los siete a los 15 años de prisión.

FUENTE: El Economista.

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