México, punta de lanza en la region en lo referente a open banking

México es pieza clave en la conversación de open banking en América Latina al ser el primer país en la región que desarrolló una normativa en torno al intercambio de datos financieros como parte de su Ley Fintech del 2018, y un modelo con alcance de open finance donde más de 2.300 instituciones están obligadas a participar (artículo 76 de la Ley Fintech).

Pese a ello, a la par de las oportunidades que representa para el sector y los usuarios, algunos de los retos que atraviesa el país es el retraso en la promulgación de las disposiciones secundarias que acompañan a la Ley Fintech.

A poco de cumplirse tres años de su entrada en vigor, la escena de banca abierta en México solo ha avanzado hasta el reglamento de datos financieros abiertos, los cuales no tienen un carácter confidencial, ya que se trata de información de productos y servicios, y cajeros automáticos.

Hasta la fecha, el reglamento de datos abiertos contempla lo siguiente:

• Marzo 2020: Reglas para intercambiar datos, solo para cámaras de compensación y sociedades de información crediticia, las cuales requieren de una autorización previa del Banco de México (Banxico) para acceder a las APIs.
• Junio 2020: Reglas para intercambiar datos abiertos, aplicable a todas las entidades financieras (bancos, fintechs y sociedades autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores CNBV). Aquí se contempla el proceso para acceder a las APIs, políticas de seguridad, requisitos para compartir datos a través de APIs, entre otros puntos.

Lo que viene: La reglamentación de datos agregados y datos transaccionales son las normas esperadas para el 2021. Expertos del sector coinciden que su promulgación generará valor, provocando una gran demanda o solicitudes de datos.

Cabe resaltar que los datos agregados hacen referencia a la información estadística que involucra operaciones realizadas por las entidades, y datos personales; mientras que los datos transaccionales son aquellos relacionados con el uso de un producto o servicio -incluyendo cuentas de depósito o créditos- contratados a nombre de los clientes de las entidades, entre otra información relacionada con transacciones.

FUENTE: IUPANA